El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada (España), ha ordenado la vacunación de 35 niños, para erradicar un brote de sarampión detectado en un colegio de esta capital andaluza. O sea, que los chavales tendrán que ser vacunados "por la fuerza", y en contra de la voluntad de sus padres en varios de los casos.
Mi humilde opinión es que las autoridades sanitarias y judiciales están empezando a invadir terrenos ajenos a su competencia.
Esta sentencia sienta un peligroso precedente, y en base a ella no sería extraño que en poco tiempo se obligue a todo cristo a vacunarse contra la gripe, la viruela, el tétanos, la tosferina o el cólera morbo -bajo pena de cárcel, claro- aparte de forzar, también, a los ciudadanos a que visiten al médico una vez al mes, como mínimo, y a que se realicen las pruebas de cáncer de colon, de mama y de testículos cada año.
Yo no tengo nada que decir en contra de los portentosos avances de la medicina, que ha conseguido mantener el nivel de muertes en una por persona, pero no me parece de recibo la sentencia de marras. En primer lugar, y cuando todavía existen dudas sobre los efectos de las vacunas, ¿cómo puede erigirse un juez en salvador de especies y tribus, en contra de la legítima voluntad de los padres?
La medicina debe estar al servicio del ciudadano, y no a la inversa. No me imagino a Hipócrates persiguiendo a sus pacientes, serrucho en mano, por toda la Tesalia.
Mucho se habla -y se hablará- sobre la medicina preventiva. Bien está, y aquí paz y después gloria. Pero cuando la ciencia se aplica sobre el paciente en contra de su voluntad -o de la de sus legítimos tutores-, y con apoyo de la judicatura, una luz roja se enciende en el cuadro de control de la libertad.
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